Más de 100 personas han sido detenidas tras redadas en fábricas y comercios. Las manifestaciones se extendieron durante cinco días, marcadas por choques con la policía, intervención de la Guardia Nacional y confrontaciones legales entre el gobierno federal y autoridades locales.

Redadas coordinadas por ICE, HSI y FBI

El viernes 6 de junio de 2025, autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en conjunto con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del FBI, realizaron operativos en tres puntos del área de Los Ángeles: el Fashion District, una fábrica de ropa (Ambiance Apparel) y un Home Depot.

Las acciones derivaron en el arresto de más de 100 personas por supuestas violaciones migratorias y falsificación de documentos laborales. Según fuentes oficiales, las redadas fueron autorizadas mediante órdenes judiciales federales.

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Protestas en aumento y uso de la fuerza

El mismo día, manifestantes comenzaron a reunirse frente a edificios federales en el centro de la ciudad. Las autoridades declararon "unlawful assembly" (concentración ilegal), y se utilizaron granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y proyectiles no letales. Se reportaron más detenciones.

Las protestas se extendieron el sábado 7 de junio a zonas como Paramount y Compton. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, mientras que el gobernador Gavin Newsom condenó la medida, calificándola como una "violación de soberanía estatal".

Despliegue militar y reacciones oficiales

Para el lunes 9 de junio, Trump activó el despliegue de aproximadamente 2 mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) consideró ilegal esta movilización. La alcaldesa Karen Bass declaró toque de queda en el centro de la ciudad el martes 10 de junio, tras nuevos disturbios.

El saldo acumulado hasta ese día fue de al menos 300 arrestos. Se reportaron también heridos entre manifestantes, agentes policiales y animales utilizados en el operativo.

Los Ángeles, ciudad santuario desde 2024

La escalada del conflicto tiene su origen en la política de "ciudad santuario" adoptada por Los Ángeles en noviembre de 2024. Bajo esta figura, las autoridades locales se abstienen de colaborar activamente con las políticas migratorias federales. La administración Trump había advertido que dichas ciudades serían objeto de acciones directas.

Las redadas del 6 de junio se enfocaron en centros de trabajo, con el objetivo de detener a inmigrantes indocumentados en empleos presuntamente irregulares.

Las reacciones políticas y sociales

La alcaldesa Karen Bass denunció que las redadas "sembraban terror", mientras que el gobernador Newsom interpuso una demanda por considerar el despliegue militar como un acto fuera de la autoridad federal.

Entre los detenidos se encuentra David Huerta, líder sindical de SEIU California, y al menos 35 ciudadanos mexicanos, según informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien exigió respeto al debido proceso.

La declaración desató un cruce diplomático con autoridades estadounidenses como la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.

Líderes sociales como Angelica Salas, de CHIRLA, acusaron que las redadas criminalizan a trabajadores y padres de familia. La activista trans Jen Richards reportó haber sido herida por municiones menos letales durante una protesta pacífica.

Este martes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró este martes un toque de queda nocturno en el centro de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, tras varias noches de protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump.

"He declarado (el estado de) emergencia local y decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y parar los saqueos", dijo a los periodistas.

Tensiones legales y precedentes

Aunque Trump no invocó formalmente la Ley de Insurrección, el uso de fuerzas militares para enfrentar protestas civiles ha sido criticado como un exceso de poder ejecutivo. La estrategia federal será ahora revisada en tribunales, tras la demanda presentada por California.

El caso de Los Ángeles podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria, especialmente en estados que han adoptado políticas de protección a comunidades migrantes.

Los personajes y las declaraciones clave

Donald Trump

Defendió el despliegue militar federal, describiendo las protestas como amenazas al "orden público" e incluso llegando a sugerir la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección. Afirmó que los disturbios formaban parte de una supuesta "invasión extranjera", tildando los bloqueos carreteros y expresiones de protesta de actos antiestadounidenses.

Gavin Newsom (Gobernador de California)

Calificó el despliegue militar como una violación de la soberanía estatal e interpuso una demanda por considerar la acción fuera de su autoridad. Solicitó públicamente a la administración de Trump que revirtiera la orden, alertando que intensificaría tensiones institucionales.

Karen Bass (Alcaldesa de Los Ángeles)

Muy crítica de las redadas, declaró que “sembraban terror” y amenazaba la seguridad comunitaria. Impuso toque de queda en zonas céntricas para restablecer orden y calificó la medida militar federal de “abuso de poder político”.

David Huerta (lider sindical, SEIU California)

Detenido el viernes durante un altercado señalando detener un vehículo federal. Sus líderes sindicales defendieron su derecho a manifestarse pacíficamente.

Angelica Salas (CHIRLA)

Señaló que las redadas criminalizaban a trabajadores, padres y madres migrantes, y exigió que se respeten sus derechos civiles.

Jen Richards (activista trans)

Participó en protestas pacíficas y fue herida por balas de goma o flash-bang, denunciando la respuesta agresiva de la policía frente a manifestantes

Claudia Sheinbaum (Presidenta de México) y autoridades mexicanas

Sheinbaum confirmó que decenas de mexicanos fueron detenidos (mínimo 35), calificándolos como “no son criminales”, y exigió respeto al debido proceso.

El ABC para entender las protestas de California

Ciudad santuario:

Significa que las autoridades locales no colaboran activamente con políticas migratorias federales. Bajo ese paradigma, las redadas derivan en tensiones entre niveles de gobierno .

Despliegue militar doméstico:

Trump usó autoridad presidencial (pero no invocó la Ley de Insurrección) para enviar Guardia Nacional + marines, invadiendo un terreno político-legal. California argumenta violación de soberanía estatal y presume batalla judicial

Declaración de “unlawful assembly”:

Permite dispersar protestas, tomar detenciones y usar fuerza no letal. Ha sido criticada por su aplicación ante manifestaciones mayormente pacíficas.

bgpa