CDMX.- La senadora del PAN, Laura Esquivel Torres, propuso la creación de un registro nacional de agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, al señalar que el país requiere atender el problema con un enfoque preventivo, además del punitivo.

La iniciativa busca impedir que personas condenadas por estos delitos puedan trabajar o mantener contacto directo y habitual con menores de edad, al permitir que autoridades e instituciones verifiquen a quiénes contratan.

“Ayudará a que en las escuelas públicas y privadas, guarderías y estancias infantiles, centros de asistencia, albergues, servicios de transporte escolar, centros deportivos y recreativos, servicios médicos, pediátricos, actividades culturales o religiosas y cualquier otro medio habitual, en donde estén presentes menores de edad, no contraten a ninguna persona que haya sido sentenciada por abuso infantil”, puntualizó.

Esquivel Torres indicó que el instrumento no se utilizaría con fines especulativos o de difamación, ya que no incluiría acusaciones, denuncias o sospechas, sino únicamente personas con sentencias firmes. “Con esto aseguramos la presunción de inocencia y evitamos los linchamientos públicos”, detalló.

La legisladora explicó que el registro tendría como finalidad colaborar con instituciones para erradicar el abuso sexual infantil, y consideraría sanciones administrativas tanto para quienes contraten sin verificar como para quienes hagan uso indebido de la información.

También planteó un alcance internacional mediante mecanismos de cooperación transfronteriza en delitos sexuales, con notificaciones cuando agresores sexuales registrados entren o salgan del país, de acuerdo con lo expuesto por la promovente.

Para sustentar la urgencia, citó datos de la Secretaría de Salud, al señalar que en 2024 se atendió en hospitales a 10 mil 613 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años por violencia sexual. Añadió cifras atribuidas a la SEP: 16% de menores de 10 a 13 años reconocen haber sufrido abuso sexual, porcentaje que —dijo— aumenta a casi 40% en el grupo de 14 a 17 años.

La senadora sostuvo que en México una alta proporción de víctimas conoce a su agresor y afirmó que, sin un mecanismo de verificación, personas sentenciadas podrían trasladarse a otros espacios laborales con contacto frecuente con menores, lo que, dijo, incrementa los riesgos.

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