Casi 190 mil mexicanos han sido deportados de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. La pregunta es: ¿dónde están esos mexicanos?

¿Qué ha sido de esos 190 mil mexicanos que fueron regresados? ¿Dónde viven? ¿Trabajan? ¿Están con su familia? ¿Fueron cooptados por el crimen organizado? ¿Dejaron familia del otro lado de la frontera? ¿Tienen dónde vivir?

Son preguntas que, como sociedad, pero también como medios, en las universidades y, obviamente, en los gobiernos se deberían hacer. Porque no es una cifra menor. Es la mitad de la población de un municipio como Gómez Palacio, Durango.

José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos en el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) de Nogales, Sonora, asegura que el gran porcentaje de los deportados son personas sin antecedentes, son personas trabajadoras y, además, en muchos de los casos, se trata de personas que tenían 15, 20 o 30 años en Estados Unidos, es decir, eran parte de una primera generación de familias que se desarrollaron allá y tuvieron descendencia, una segunda generación. Esta situación representa una fractura familiar: padres que son deportados, hijos que se quedan solos en Estados Unidos.

¿Qué cifras existen sobre estos perfiles de familias rotas? ¿Qué investigaciones está haciendo la Cancillería mexicana para detectar estos casos? ¿Qué seguimiento y apoyos harán a estas familias, tanto a quienes regresan como a quienes se quedan?

El rompimiento del tejido familiar es un golpe que genera múltiples heridas y, si no existe una estrategia para vigilar, atender y actuar, pueden surgir muchos problemas sociales.

El programa federal “México te Abraza”, que surgió a raíz de las amenazas de deportaciones masivas en la frontera, se ha reducido a recibir a los paisanos y enviarlos a sus estados de origen para evitar que se queden en la frontera, como acuerdo con los Estados Unidos. Es decir, se trata de hacerles sinuoso un posible regreso.

“El objetivo es garantizar una bienvenida cálida y humana a hermanas y hermanos en retorno”, dice la propaganda del programa. El problema es que se queda únicamente en ese recibimiento, y no hay una estrategia de monitoreo o seguimiento a esos mexicanos que vuelven a sus estados de origen.

Sin embargo, la responsabilidad no es única del Gobierno Federal. Si bien se necesita una directriz nacional, los estados también deberían crear estrategias para reincorporar a esos miles de migrantes. Por ejemplo, más de 14 mil eventos de devolución (como lo llama el gobierno mexicano a los deportados) han sido de personas cuyo estado de origen es Chiapas. Guanajuato y Guerrero le siguen. Los tres, estados con graves problemas de violencia y, en el caso de Chiapas y Guerrero, también de pobreza.

AL TIRO

No basta con abrazar al paisano que es deportado. No basta con entregarle una tarjeta del bienestar, apoyarlo para el pasaje de autobús y darle la bendición.

Es necesaria una estrategia tanto federal como estatal, principalmente de aquellos estados que reciben de regreso a más connacionales, porque, ¿cuál va a ser el efecto y la repercusión social de recibir a 14 mil mexicanos desempleados en una entidad como Chiapas, quizá sin familia en la comunidad a donde regresan, quizá sin vivienda donde dormir, quizá sin bienes?

Un ejemplo: de enero de 2025 a enero de 2026, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se registraron 202 mil 265 nuevos empleos formales, que representan una mediana atención a la demanda anual de empleo, pero una cifra similar está regresando al país. ¿Cuál es el plan para todos ellos?