Comienza a dar frutos la estrategia del gobierno federal en materia de combate al robo y venta ilegal de combustibles, conocido como huachicol. Tras el decomiso histórico de más de 15 millones de litros del producto en Coahuila, en el que participaron elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, hoy comienza a hablarse de operativos exitosos, como el recién ocurrido en Ensenada, BC, y que mantiene “bajo la lupa” a empresas gasolineras que están relacionadas con esta red de distribución ilegal, entre las que figura el grupo Rendichicas.

Se supo que, en marzo pasado, en El Sauzal, personal del Ejército mexicano llevó a cabo la localización de 46 remolques-cisterna, tractocamiones, motobombas y contenedores con combustible presuntamente obtenido de manera ilícita. Fuentes federales señalaron que el caso ha escalado y una de las empresas investigadas es la ya mencionada Rendichicas, propiedad de Adrián Díaz Villalobos, con presencia en más de 70 estaciones de servicio en Baja California, Sonora y Sinaloa. Se han detectado inconsistencias de trazabilidad del combustible que comercializa y precios por debajo del promedio.

Además, se investiga la posible relación del predio asegurado con el exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna, quien actualmente se encuentra amparado, así como Luis Torres Torres, vinculado al caso. Hasta ahora, no han sido giradas órdenes de aprehensión, pero se espera que en breve haya acciones judiciales.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

A pesar de que el gobierno federal aún no logra asegurar la adquisición de insumos en materia de Seguridad Social, ya se adelantó la licitación para el servicio de distribución de bienes terapéuticos a la institución gubernamental. Y, lo más grave: ya hay quienes “alzan la mano” como ganadores. Se trata del grupo Sigmun, SA de CV, y Distribuidora Disur, SA de CV, cuyo propietario, Víctor Sánchez, dice a “los cuatro vientos” que es un hecho que ya la ganó. No descarte que, por su “cercanía” con algunos funcionarios, ya esté “arreglado”.

La licitación No. LA-12-NEF-012NEF001-N-40-2025 incluye las 32 delegaciones de Seguridad Social del país y sus 26 Unidades de Alta Especialidad, cuya propuesta se compone de 11 regiones, cada una en una partida independiente. Esta licitación luce totalmente amañada de origen si tomamos en cuenta que no se respetaron los lineamientos; si bien los proveedores presentaron como requisito la cotización por pieza y precio por kilogramo para material de curación, no se publicó la cantidad específica a entregar a cada región.

Y si de hablar de corrupción en los Servicios Sociales del Estado se trata, la dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE —a cargo de Omar Butrón— hace caso omiso a la directriz del Órgano Interno de Control para evaluar la oferta más baja presentada para la contratación del servicio especializado de aseo, higiene y desinfección en todas sus unidades con el fin de mantener la asignación de un contrato con sobreprecio de 23.6% por más de 770 millones de pesos a favor de la empresa Ocram Seyer en alianza con Wilk.

Al negarse oficialmente a realizar la evaluación económica de la oferta más baja en la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, la institución ha hecho caso omiso a lo señalado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En lugar de enmendar una licitación señalada de favoritismo, el equipo de Martí Batres optó por no hacer caso a Raquel Buenrostro y sus auditores. El pasado 11 de junio, en el expediente administrativo INC-006/2025, la titular del OIC, Janet Citlali Ramírez, estableció que el fallo a favor de la citada empresa fue ilegal por haber omitido, con argucias extralegales, como “insolvente”, concepto que no figuró en las bases de licitación ni tampoco en los concursos por puntos económicos y técnicos, por lo que Ramírez instruyó a que se repusiera el fallo emitido en febrero pasado.