Autoridades de Estados Unidos dieron una prórroga de tres meses para que entren en vigor las sanciones a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos a las que acusó de lavado de dinero para el crimen organizado, así lo anunció hoy 9 de julio el Departamento del Tesoro.

Las acciones - que afectan a dos bancos y una casa de bolsa que según el Tesoro fueron identificados como "principales preocupaciones en materia de lavado de dinero"- se aplicarán entonces el 4 de septiembre, cuando estas entidades financieras queden aisladas del sistema financiero estadunidense.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, ahora las instituciones financieras cubiertas ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres entidades mexicanas.

"Durante meses, el Departamento del Tesoro y el gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones", declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

"El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadunidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, agregó.

La extensión para la entrada en vigor de las sanciones, indicaron autoridades estadunidenses, se debe a que el gobierno de México tomó medidas adicionales para abordar las preocupciones planteadas en las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros, entre ellas el asumir el control temporal de las tres instituciones financieras señaladas.

El Departamento del Tesoro señaló que se continuará coordinando estrechamente con el gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes.

El pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro acusó a las tres instituciones mexicanas de participar en lavado de dinero para grupos criminales tras dar a conocer diversas transferencias con empresas chinas. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que las acusaciones se basan en "dichos" y no en pruebas, ya que las operaciones que se mencionan son con empresas legalmente constituidas, por lo que requirió mayor información a autoridades de Estados Unidos y comprobar sus dichos.

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