Luego de que en los últimos años se ha evidenciado un incremento en el delito de despojo en diversas modalidades, la Cámara de Diputados del Estado de México aprobó elevar las penas de cinco hasta 17 años de prisión, así como multas que van de tres mil a 250 mil pesos.

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El diputado Miguel Gutiérrez, quien presentó la iniciativa, explicó que los cambios a los artículos 308 y 308 Bis del Código Penal del Estado de México tienen como objetivo combatir de forma más eficaz y contundente este delito.

Detalló que una de las modificaciones más relevantes es la protección a grupos en situación de vulnerabilidad que hayan sido despojados de sus viviendas, como adultos mayores, menores de edad, personas gestantes, personas con discapacidad, así como aquellas con vulnerabilidad económica, de salud física, emocional, mental o familiar, entre otras condiciones.

Además, se contemplan mayores sanciones para funcionarios públicos y notarios que estén coludidos en este tipo de delitos.

El legislador recordó que el caso "Carlota", conocida como la abuelita sicaria, detonó el análisis de las penas y sanciones, pues las existentes hasta ahora eran consideradas irrisorias.

“Con estas penas, el Estado de México se pone a la vanguardia legislativa para impedir los despojos”, afirmó.

“En un hecho histórico y en favor de las familias del Estado de México, fue aprobada por unanimidad la propuesta de modificación a la ley”, añadió el diputado.

La iniciativa, presentada el pasado 30 de abril a raíz del caso de la señora Carlota "N", ocurrido en el municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, busca fortalecer la protección del patrimonio de las familias mexiquenses.

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Asimismo, se establece que las personas responsables del delito de despojo podrán recibir penas de hasta 17 años de prisión y multas superiores a los 250 mil pesos. En un acto sin precedentes, también se reconoce que funcionarios, servidores públicos y notarios involucrados en este tipo de delitos quedarán sujetos a proceso bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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