La colaboración en materia de extradición entre México y Estados Unidos de América, en mi opinión, ha resultado eficaz para el combate al crimen organizado en nuestro país. Es un hecho que en los tribunales de justicia de México no se logró sentenciar al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, la primera vez que se le detuvo en 1993, transcurrieron más de 7 años sin que la fiscalía obtuviera una sentencia condenatoria. Antes que eso sucediera, el procesado se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco, el 19 de enero de 2001. Fue hasta el 2014 cuando se le reaprehendió y, en esa ocasión, se le internó en la prisión de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México; sin embargo, como se recuerda, un año después se volvió a fugar sin que se haya logrado concluir sus procesos penales con una declaratoria judicial de culpabilidad.

Por ello, para la tercera ocasión que fue capturado el 8 de enero de 2016, la mejor estrategia del gobierno federal fue conceder su extradición a los Estados Unidos de América, donde no sólo neutralizaron su poder e influencia delictiva, sino que lo procesaron en tres meses, lo declararon culpable y le impusieron, el 17 de julio del 2019, cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión.

México también colaboró y entregó en extradición a su hijo, Ovidio Guzmán López, el 15 de septiembre de 2023. En este caso, el gobierno de Estados Unidos logró también una sentencia condenatoria en contra de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, sin que hubiera necesidad de un juicio penal. El imputado confesó haber cometido diversos delitos y se comprometió a pagar mil seiscientos millones de pesos, además de proporcionar información valiosa para la investigación de delitos mayores.

El otro hijo, Joaquín Guzmán López, se entregó voluntariamente ante las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 y colaboró en la detención y puesta a disposición de Ismael “Mayo” Zambada, el último de los líderes del Cártel de Sinaloa, además de declararse culpable, el 25 de agosto de 2025, de algunos de los delitos que le imputaban y renunciar a su derecho a apelar su sentencia. Estos hechos son desgarradores, pues la justicia de México no fue idónea ni eficaz para castigar todos los delitos que cometieron en nuestro país los líderes del Cártel de Sinaloa, pero la justicia norteamericana fue contundente para hacerlo.

Por ello, es evidente que las autoridades de Estados Unidos tienen pruebas en contra de otros miembros del crimen organizado y de las autoridades mexicanas que han colaborado, a cambio de dinero, en la tolerancia o autorización de esas actividades delictivas. Sólo así se explican los niveles de impunidad que hay en nuestro país. Pero lo más contundente es que ya no es posible negar la complicidad de las autoridades alegando presunción de inocencia: dos de los 10 mexicanos requeridos en extradición por los Estados Unidos de América se han entregado voluntariamente a las autoridades de ese país. Fue un completo allanamiento de ellos; no se escudaron en la “soberanía nacional”, ni en el juicio de amparo para evitar la extradición, ni en sustraerse de la acción de la justicia. No: ellos decidieron entregarse a la justicia estadounidense.

De ese tamaño es el cúmulo de pruebas en contra de ellos. Por lo que hace al resto de las personas requeridas, el gobierno de México debe continuar con la colaboración internacional. Es un camino ya probado y eficaz para combatir el crimen organizado.

Académico de la UNAM