Tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector, fueron señaladas ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Con este señalamiento, se han “estrenado” las nuevas facultades que dio a dicho Departamento la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, recientemente promulgada en el vecino país.

El señalamiento no es un simple rumor ni un trascendido, sino una acusación grave que plantea la posibilidad de que las instituciones mexicanas mencionadas hayan participado en actividades para “blanquear” casi 194 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas realizadas por grupos delincuenciales que operan en el país.

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Las actividades señaladas incluyen 26 casos concretos en los cuales CIBanco, Intercam y Vector habrían facilitado transacciones entre los cárteles del Golfo, de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de los Beltrán Leyva con individuos o empresas −de origen chino, fundamentalmente− vinculados al tráfico de precursores químicos para la fabricación de fentanilo.

Las instituciones financieras señaladas han negado ya estar involucradas en operaciones de carácter ilegal. Mientras que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, ha dicho que no cuenta con información puntual sobre las acusaciones, por lo que ya la ha solicitado a su contraparte de los Estados Unidos, a fin de actuar “con todo el peso de la ley”, en caso de encontrarse irregularidades sancionables.

No es ninguna novedad, por desgracia, que las instituciones financieras del mundo sean utilizadas por grupos delincuenciales para “blanquear” el dinero que obtienen de actividades ilícitas o para trasladar, de un país a otro, recursos que forman parte de sus esquemas delictivos.

El que esto ocurra de forma regular, sin embargo, no implica que el asunto pueda minimizarse, sino al contrario: debe dar lugar a un proceso de mayor cooperación internacional para evitar que el fenómeno se reproduzca.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que, en este caso, no estamos hablando solamente del uso del sistema financiero para blanquear dinero, sino de que tres de las organizaciones señaladas −los cárteles Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de Sinaloa− fueron declaradas en febrero pasado como Organizaciones Terroristas Extranjeras por Estados Unidos.

Esta situación complejiza aún más el señalamiento y obliga a la realización de una investigación exhaustiva por parte de los gobiernos de ambos países, con el propósito de reforzar las medidas de control sobre el sistema financiero y, con ello, cerrar las brechas que se hayan abierto en este y permitido a las organizaciones criminales aprovecharse de tal circunstancia.

Más allá del escándalo, el episodio debe constituirse en una seria llamada de atención para las instituciones públicas mexicanas responsables de garantizar la impermeabilidad de las organizaciones financieras y, con ello, mejorar los resultados de la lucha contra la criminalidad organizada.