Diagnóstico: el paquete de leyes en materia de seguridad, aprobado en el pasado periodo extraordinario del Congreso de la Unión, facilita el camino hacia un Estado cuasipoliciaco; brinda abundantes herramientas al Estado para vigilar y controlar sus ciudadanos y yerra en el diagnóstico para cumplir con la obligación fundamental del Estado que es proteger la vida y patrimonio de las y los mexicanos

Contexto: No es un asunto de voluntad. No es que se propongan ser un Estado policiaco, es que las medidas que han tomado y que se ratifican con este paquete del miedo los llevan inexorablemente —a menos que logremos un cambio político significativo en 2027— hacia un Estado autoritario y con control cada vez más militarista.

Es un asunto que tiene que ver con las convicciones antidemocráticas que caracterizan al actual gobierno, de la Presidenta para abajo, que se resumen así: el fin justifica los medios. Y el fin es asegurar la permanencia de Morena en la Presidencia. A finales de 2023 se comprobó que el gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX mandó vigilar y espiar, entre otros personajes políticos, a Santiago Taboada, quien se perfilaba como probable candidato a la Jefatura de Gobierno. Con el pretexto inverosímil de que estaba involucrado en un secuestro en Colima, se ordenó a Telcel entregar información detallada de su celular, incluyendo su geolocalización cada media hora. ¿Por qué concluir ahora que el generoso acceso a los datos de los ciudadanos no llevará a abusos?

La carencia de convicciones democráticas se ratifica cada día con la sistemática falta a la verdad que caracteriza la comunicación del gobierno. La Presidenta habla de una disminución del 24% en las cifras de homicidios, pero no menciona el crecimiento imparable de los desaparecidos: 128 mil a la fecha. Durante su gobierno desaparecen 45 mexicanos diariamente, 20 más que durante el gobierno de López Obrador.

Pero la prueba reina de la falta de convicciones democráticas es la humillación y arrasamiento a los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, especialmente a los de su coalición. Cada una de las leyes, 6 iniciativas de ley en materia de seguridad, por el profundo impacto que pueden tener en la vida diaria de la ciudadanía, merecía una lectura cuidadosa, un debate amplio, consulta con especialistas y un trabajo intenso en las comisiones correspondientes. Este sometimiento parte de una premisa: el gobierno posee la verdad y no le interesa lo que opine el resto de la sociedad.

Los argumentos (algunos). Como se ha demostrado, si bien la Ley de Telecomunicaciones, en efecto, dejó intacto el artículo que obliga a la presentación de una orden judicial fundada para intervenir las comunicaciones de una persona, este requisito fue ignorado en la Ley de Investigación e Inteligencia, en la Ley General de Población, que instituye la CURP con datos biométricos y en la ley del Sistema de Seguridad Pública. ¿Por qué se puede prestar al abuso? Porque pueden. Porque no hay ninguna autoridad que vigile, evalúe o desincentive el mal uso de los datos personales de los ciudadanos.

La destrucción del Poder Judicial federal y su sustitución por candidatos afines al partido en el poder es otra garantía de la libertad para abusar y extralimitarse. En el conflicto entre el mandato del Estado para garantizar la seguridad y el derecho del ciudadano a su privacidad, se requiere de un tercero externo, el juez, que dirima cuándo la urgencia de la seguridad prima sobre el derecho a la privacidad. ¿Resistirán las y los jueces las presiones del Estado/Partido cuando su candidatura se la debieron a Morena y tendrán que reelegirse en seis años?

Uno de los basamentos del éxito de cualquier sistema de seguridad es la confianza de las personas. Piénsese, por ejemplo, en la sorprendente tasa de éxitos de los diversos colectivos de madres y padres buscadores. Las madres encuentran a sus hijos o a los hijos de otras porque testigos de los entierros clandestinos les dan información, porque confían en ellas. Otro ejemplo es el de la credencial del INE. La gente da su información personal al INE porque se le tenía mucha confianza. ¿Sucederá así con quien miente sistemáticamente al público?

El CURP con datos biométricos contará, además, con trazabilidad, es decir, la capacidad de dejar huella rastreable mediante la geolocalización de todos los desplazamientos del dueño de esa credencial. Nuestros datos estarán no sólo en el sistema del CURP en la Secretaría de Gobernación, sino que pueden ser compartidos por la Fiscalía General de la República o las fiscalías locales, las policías, la Guardia Nacional, etcétera, incluyendo aquellas organizaciones infiltradas por el crimen organizado y muchos otros organismos de gobierno.

Ah, pero es que ahora se coordinarán todas las instancias dueñas de bases de datos. Déjenme citar a Guillermo Valdés, exdirector del Cisen: “El problema no es de coordinación, sino de capacidades, y éstas no mejorarán con el paquete de leyes”. Recomiendo mucho el análisis en Somos Ideas:

https://www.youtube.com/live/3DwiDRrzmsE?si=pmsJyvfaIu51NqTV