La vía pública, por definición, es propiedad de todos. En ese sentido, todos tenemos derecho a utilizarla, es decir, a beneficiarnos de su existencia. Sin embargo, el uso que podemos hacer de la vía pública tiene límites que es necesario tener claros y respetar.

Y es que la condición de “propiedad colectiva” de la vía pública tiene con frecuencia traducciones indeseables, sobre todo allí donde la presencia de la autoridad no es permanente. Porque no estamos hablando de hechos triviales, sino de manifestaciones relevantes.

Un ejemplo de ello es el reporte que publicamos en esta edición, relativo al número de unidades automotrices “abandonadas” que la autoridad municipal ha ordenado retirar de la vía pública debido a que su permanencia en esta equivale a una “privatización” del espacio público.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en lo que va de este 2026 se han asegurado 272 vehículos “abandonados”. La cifra es, por cierto, superior a la que se registró el año pasado.

Las comillas utilizadas en el término abandonados resultan obligadas porque, aun cuando se trata de unidades que se identifican inmóviles en la vía pública, no estamos, en estricto sentido, ante un “abandono”, sino ante una ocupación indebida de la calle.

Porque quien “estaciona” de forma permanente una unidad automotriz –de cualquier tipo– en la calle, en realidad lo que está haciendo es utilizarla como espacio particular, es decir, como si se tratara de una extensión de su propiedad.

Y aunque la calle “es de todos”, tal expresión debe entenderse de la forma correcta: se trata de un espacio que todos podemos usar, a condición de que nadie la acapare para sí.

La diferencia parecería sutil, pero no lo es. Que la autoridad deje claro el uso correcto de la vía pública resulta indispensable para que la convivencia colectiva resulte civilizada.

Valdrá la pena por ello que se mejore la reglamentación del uso de la vía pública, que la normatividad urbana se comunique mejor y que se implementen mecanismos de colaboración entre la autoridad y la ciudadanía a fin de que las reglas se respeten.

Porque la existencia de cientos de unidades “abandonadas” en la vía pública constituye un problema que no debe ignorarse y en contra del cual debe registrarse una reacción. Con mayor razón aún, si el número de vehículos en tal situación se está incrementando.

Todos debemos cooperar en el propósito de asegurar que la propiedad colectiva se mantenga como tal. Porque el hecho de que la calle “sea de todos” no debe convertirse en pretexto para que cualquiera decida apropiársela.