La participación mexicana se realizó en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), organizada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objetivo de impulsar el intercambio de información y fortalecer la coordinación entre los gobiernos.
Durante el encuentro, México compartió su experiencia en la identificación y el congelamiento de flujos financieros ilícitos relacionados con actividades criminales, y reiteró su disposición a colaborar con otros países para combatir estas estructuras.
UIF EXPONE SU ESTRATEGIA CONTRA LAS FINANZAS DEL NARCO
La intervención de la UIF puso el foco en uno de los componentes clave de la lucha contra el crimen organizado: seguir el rastro del dinero que permite financiar sus operaciones.
La detección de movimientos financieros ilícitos y el congelamiento de recursos vinculados con actividades criminales forman parte de las herramientas utilizadas para limitar la capacidad económica de estas organizaciones.
En este contexto, la representación mexicana destacó la importancia de compartir experiencias y fortalecer la cooperación internacional, debido a que las redes delictivas pueden operar en varios países y aprovechar las diferencias entre sus sistemas financieros y mecanismos de vigilancia.
Sin embargo, la información difundida sobre la participación de México no detalló montos específicos de recursos congelados ni cifras sobre las operaciones presentadas durante la reunión.
OEA LLAMA A FORTALECER LA COOPERACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Durante la inauguración de la RANDOT, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, advirtió que ningún país puede derrotar por sí solo a la delincuencia organizada transnacional, incluso si cuenta con amplios recursos y capacidades.
El funcionario señaló que las organizaciones criminales han desarrollado estructuras interconectadas que cruzan fronteras, aprovechan los avances tecnológicos y representan un desafío para las instituciones democráticas, la seguridad y la confianza pública.
Ante este escenario, Ramdin defendió la necesidad de establecer respuestas coordinadas que permitan compartir inteligencia, debilitar las redes financieras ilícitas y desarrollar soluciones sustentadas en evidencia.
También pidió a los Estados miembros convertir sus compromisos políticos en acciones concretas, con respeto a la soberanía nacional, el Estado de derecho y los derechos humanos.


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