El hoy exconsejero electoral Jaime Rivera considera que, si el árbitro en el juego de las elecciones se subordina ante una fuerza política o el gobierno en turno, “la democracia queda en entredicho”.

Ante la historia democrática de México, el académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo advierte que el país no puede permitirse una crisis democrática como la vivida en 1988.

En entrevista con el diario El Universal, Jaime Rivera admite que la situación actual del Instituto Nacional Electoral (INE) le preocupa como académico y como mexicano.

“La falta de colegialidad en la toma de decisiones le está afectando al instituto”, sobre todo a nivel de legitimidad de sus fallos con los partidos, dice.

¿Qué cambió en el INE en los nueve años que usted estuvo, qué cambió en la democracia en México?

—El INE no sólo organiza elecciones, también hace arbitraje entre los contendientes. Arbitra las competencias y las controversias. Y para ello necesita un árbitro que sea imparcial, que sea independiente de los partidos y del gobierno y, algo muy importante es que tenga una dirección colegiada.

En este último aspecto, el de ser un órgano colegiado y sus unidades técnicas, el INE está algo debilitado, porque un colegiado necesita deliberar, pero también tomar acuerdos y actuar unidos. Eso se ha dificultado en los últimos años.

¿Qué riesgo para la democracia podría haber si el INE se carga más hacia un lado de la balanza?

—Si el árbitro no es imparcial, si depende de una sola fuerza política o se subordina a alguno de los contendientes, la democracia queda muy en entredicho o podríamos volver a la época en que había elecciones sin garantías de equidad y limpieza. Cuando las elecciones las organizaba el gobierno no había garantías suficientes de imparcialidad y limpieza.

Por la experiencia histórica de México, es muy importante contar con una autoridad electoral autónoma, con integrantes independientes de cualquier partido y con una dirección colegiada para deliberar en público, votar en público, decidir en público y hacerlo con apego a la ley y, además, con posibilidades de que sus decisiones sean revisadas por el Tribunal Electoral.

¿Qué previsión tiene del proceso de selección de los nuevos consejeros?

—Deberían ser elegidos por el consenso más amplio posible, pluripartidista, porque en una competencia es muy importante que las reglas del juego sean aceptadas por todos y que los árbitros sean aceptables para todos los jugadores. Eso se logra con un acuerdo amplio entre gobierno y oposición o entre todos los partidos que están representados en la Cámara de Diputados.

El proceso debe garantizar un Consejo General equilibrado y en el que puedan confiar todos los contendientes porque es la mayor garantía de legitimidad.

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