En México, el robo de combustible se denuncia por miles, pero se castiga a medias: menos de la mitad de los implicados termina enfrentando un proceso penal.

Entre 2010 y 2025, Pemex denunció a 2 mil 108 personas por su presunta participación en el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, pero solo 849 fueron procesadas, lo que equivale a apenas el 40% de los casos.

El desfase exhibe un patrón de impunidad en uno de los delitos más lucrativos del crimen organizado, que continúa operando pese a la estrategia federal desplegada en los últimos años.

Tan solo en 2024 y 2025 se acumularon 9 mil 922 denuncias por robo de combustible en el país. A pesar de ello, el sistema de justicia no logra traducir ese volumen en castigos efectivos.

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La debilidad institucional también se refleja al interior de la petrolera. En 15 años, 51 trabajadores y ex trabajadores de Pemex han sido detenidos y procesados por su probable participación en el delito.