El Gobierno de México puso en marcha la consulta pública del proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un instrumento que busca establecer los mecanismos mediante los cuales se garantizará el ejercicio de estos derechos en los medios de comunicación electrónicos, conforme a la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada en 2025.

La consulta estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual podrán participar concesionarios de radio y televisión, empresas del sector, instituciones académicas, organizaciones civiles y la ciudadanía en general, con el objetivo de enriquecer el contenido de los lineamientos antes de su entrada en vigor.

Entre los principales derechos que se buscan garantizar destaca el acceso a información veraz, oportuna y claramente identificable, por lo que el proyecto establece que los medios deberán evitar la difusión de información falsa, descontextualizada o de hechos ocurridos en el pasado presentados como si fueran actuales. Asimismo, se pretende fortalecer la distinción entre información, opinión y publicidad para brindar mayor certeza a las audiencias.

Como parte de las nuevas disposiciones, todos los concesionarios estarán obligados a contar con un Código de Ética y designar una Defensoría de las Audiencias, figura responsable de recibir, analizar y dar seguimiento a las quejas presentadas por radioescuchas y televidentes cuando consideren que alguno de sus derechos fue vulnerado.

El procedimiento establece que las defensorías deberán responder las inconformidades en un plazo máximo de 20 días hábiles. Si el concesionario incumple con las recomendaciones emitidas o la persona inconforme no queda satisfecha con la resolución, el caso podrá ser revisado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), organismo que asumió las funciones regulatorias en sustitución del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Respecto a las sanciones, la presidenta Sheinbaum subrayó que, aunque la legislación contempla multas para los casos de incumplimiento, el propósito central de los lineamientos no es castigar a los medios, sino promover un modelo de autorregulación. Explicó que serán los propios concesionarios quienes designen a sus defensores de audiencias, elaboren sus códigos de ética y atiendan las quejas de manera transparente, reservando las sanciones económicas únicamente para los casos en que persista el incumplimiento.

La mandataria también precisó que esta regulación aplica exclusivamente a los concesionarios de radio y televisión, por lo que los medios impresos no forman parte de este esquema. En cuanto a las plataformas digitales y redes sociales, señaló que su regulación continúa siendo materia de análisis y discusión dentro del proceso de modernización del marco jurídico en telecomunicaciones.

Las autoridades destacaron que el objetivo de la consulta pública es incorporar observaciones de especialistas, empresas y ciudadanos para fortalecer un marco regulatorio que proteja los derechos de las audiencias sin afectar la libertad editorial ni la libertad de expresión de los medios de comunicación.