El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunció su voto en contra de la Ley de Fortalecimiento y Homologación Catastral, al señalar que impone nuevas obligaciones a los ayuntamientos sin garantizar los recursos necesarios para cumplirlas y abre la posibilidad de afectaciones económicas a las familias.

Durante su intervención en el Senado de la República, el legislador cuestionó que la Federación establezca exigencias de modernización, digitalización y capacitación para los gobiernos municipales sin asegurar el financiamiento para su implementación.

“La Federación no puede seguir imponiendo obligaciones y dejando solos a los municipios con los gastos”, sostuvo.

Elizondo Pérez, quien recordó su experiencia en Villa Unión, Coahuila, afirmó que los municipios pequeños enfrentan limitaciones presupuestales para atender necesidades básicas como el suministro de agua, el alumbrado público y el mantenimiento de las calles.

“Estamos a favor de modernizar, pero no podemos seguir centralizando las decisiones sin garantizar los recursos para cumplir lo que aquí se aprueba”, expresó.

ADVIERTE POSIBLES EFECTOS EN EL IMPUESTO PREDIAL

El senador también señaló que, aunque la legislación no establece directamente un aumento al impuesto predial, una eventual modificación de los valores catastrales podría repercutir en el monto que pagan los propietarios de inmuebles.

Explicó que el impacto dependería de las disposiciones fiscales aplicables en cada municipio, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que los cambios afecten la economía familiar y el patrimonio de los contribuyentes.

El legislador centró sus objeciones en la necesidad de evitar que la modernización catastral se traduzca en nuevas cargas para los ayuntamientos o en consecuencias económicas para la población, sin que existan condiciones financieras suficientes para aplicar las medidas.

El senador reiteró así su rechazo a la legislación, al considerar que la modernización de los catastros debe contemplar la capacidad financiera de los municipios y evitar posibles repercusiones en el patrimonio de las familias mexicanas.