El diputado local por Morena y secretario de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado de Coahuila, Antonio Attolini Murra, calificó como inoportuno e imprudente el regreso de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador de Sinaloa mientras existan investigaciones abiertas en su contra.

Estados Unidos informó que mantiene abiertas investigaciones que incluyen a Rocha Moya por vínculos con el crimen organizado.

A la par, el gobierno mexicano indicó que hará lo propio. Ante este panorama, el pasado 1 de mayo, Rocha Moya decidió pedir licencia. No obstante, este viernes se anunció su regreso.

El legislador coahuilense, Antonio Attolini, fue de los primeros políticos en reaccionar ante este regreso y enfatizó que la reincorporación de Rocha Moya ocurre en un momento institucionalmente delicado, advirtiendo que la decisión de retomar el cargo público de manera individual no puede anteponerse a los compromisos colectivos del partido oficialista, de las instituciones públicas y del país.

EL PESO DE LAS INVESTIGACIONES

Attolini Murra recordó que la Secretaría de Gobernación ha confirmado públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas diversas carpetas de investigación que involucran a personas señaladas por agencias del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales figura directamente el mandatario sinaloense.

A decir del secretario de la Comisión de Seguridad del Congreso de Coahuila, retomar las riendas del estado bajo esta coyuntura procesal envía un mensaje equívoco a la sociedad, simulando una exoneración anticipada o, en el peor de los casos, propiciando un escenario de impunidad.

“Mientras exista una investigación abierta, no existe una exoneración”, dijo.

Pese a la severidad de su posicionamiento, Attolini aclaró que el respeto absoluto al debido proceso exige el pleno derecho de presunción de inocencia en favor de Rocha Moya, quien debe ser considerado exento de cargos hasta que una resolución definitiva demuestre penalmente lo contrario.

No obstante, puntualizó que esta garantía legal e individual no exime al mandatario de la alta responsabilidad política y moral inherente a la función pública.