TORREÓN, COAH.- Organizaciones del sector salud, lideradas por Roberto Bernal Gómez —académico en activo y titular de la Asociación Mexicana de Cirugía General—, presentaron ante el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, una iniciativa para integrar a peritos de áreas específicas en el análisis de demandas por presunta responsabilidad médica.

La iniciativa contempla que los dictámenes periciales requeridos por el Consejo de la Judicatura del Estado queden en manos de profesionales que cuenten con dominio técnico debidamente acreditado en la especialidad correspondiente al juicio en cuestión.

Bernal Gómez enfatizó que medir la validez de una intervención médica demanda una comprensión profunda del campo evaluado. Argumentó que dictaminar la conducta de un anestesiólogo exige dominio pleno sobre la anestesiología, del mismo modo en que examinar un procedimiento en una emergencia obstétrica requiere ponderar los factores clínicos, la inmediatez requerida y los riesgos propios del cuadro.

“La meta no es obtener prerrogativas, sino asegurar precisión científica y apego al debido proceso”, afirmó, puntualizando que un peritaje idóneo permite deslindar objetivamente una complicación inherente al tratamiento de un acto de verdadera negligencia o dolo.

Asimismo, los promoventes destacaron que la asignación de medidas cautelares al personal de salud debe determinarse tras revisar minuciosamente el entorno del caso, sin que esto signifique otorgar impunidad. Argumentaron que a un profesional de trayectoria probada no se le debe catalogar de inmediato como un riesgo social por el mero surgimiento de un evento adverso en la atención.

Para las situaciones en donde concurran elementos de omisión, impericia o falta grave, precisaron que el análisis debe ejecutarse bajo estándares normativos y científicos rigurosos, tomando como base las pruebas médicas, los instructivos clínicos y el dictamen de pares del mismo ámbito.

La comitiva planteó fomentar un modelo renovado de interacción que vincule a médicos, pacientes y autoridades judiciales. En este sentido, reafirmaron que todo usuario del sistema de salud posee el derecho fundamental de estar informado sobre su padecimiento, las rutas terapéuticas viables, los probables resultados y los riesgos potenciales de cada maniobra.

Concluyeron que, al clarificar e institucionalizar dicha información en los expedientes, se blinda el consentimiento del paciente y se edifica un vínculo profesional fundamentado en la confianza mutua, la transparencia y la dignidad humana.