CDMX.- Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas acusaron que el gobierno federal “rasuró” las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y advirtieron que esa reducción minimiza la magnitud de la crisis y diluye responsabilidades.

En un pronunciamiento conjunto, señalaron que la revisión reciente del registro oficial derivó en una disminución de datos que, afirmaron, genera dudas sobre la transparencia, la confiabilidad y la finalidad del ejercicio.

Las organizaciones sostuvieron que estas acciones contribuyen a ocultar la dimensión del problema en un país que enfrenta una crisis persistente de desapariciones, marcada —según el documento— por altos niveles de impunidad, fallas en las labores de búsqueda y debilidades estructurales en la investigación de los casos.

También advirtieron que el Estado mexicano incumple obligaciones internacionales en materia de prevención, investigación, sanción y reparación, y señalaron lo que consideraron una tendencia de opacidad y debilitamiento institucional.

Frente a este panorama, subrayaron que el procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional constituye un mecanismo clave para determinar si en México existen desapariciones generalizadas o sistemáticas.

Por ello, demandaron al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) que emita y haga públicos, a la brevedad, los resultados del procedimiento abierto contra el Estado mexicano, y que la difusión sea íntegra y con acceso para víctimas, representantes y la sociedad.

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