Aunque en México suele hablarse del voto como un derecho ciudadano, la Constitución también lo establece como una obligación. Sin embargo, especialistas en derecho electoral y constitucional coinciden en que actualmente no existe una sanción real para quienes deciden no acudir a las urnas.

El tema cobra relevancia rumbo a la jornada electoral de este domingo en Coahuila, donde históricamente las elecciones de diputaciones locales han registrado bajos niveles de participación ciudadana.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 36 que es obligación de las y los ciudadanos “votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato”. Además, el Artículo 38 señala que los derechos o prerrogativas de la ciudadanía pueden suspenderse “por falta de cumplimiento, sin causa justificada” de esas obligaciones durante un año.

Sin embargo, especialistas consultados señalaron que actualmente no existe una legislación secundaria que permita aplicar esa sanción. Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que México mantiene un modelo donde el voto obligatorio existe en la Constitución, pero sin mecanismos coercitivos reales.

“En el caso de México, se considera que se trata de una norma imperfecta. ¿Por qué? Porque contempla una obligación, pero no una sanción. De manera que si bien el voto es obligatorio, si una persona no va y ejerce su voto, no tiene consecuencia alguna”, señaló.

Agregó que técnicamente sí existe forma de saber quién acudió a votar y quién no, debido a los listados nominales que se utilizan en cada casilla. No obstante, aclaró que esa información actualmente no se sistematiza para generar consecuencias jurídicas o administrativas.

“Se entrega un juego a cada partido representado en una elección, de manera que los representantes del partido también pueden señalar quién sí ya votó, y se puede saber por tanto quién sí acudió a votar y quién no”, indicó.

Por su parte, Javier Pérez Rolón, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Monterrey, explicó que el problema radica en que la obligación constitucional nunca fue reglamentada legalmente. Recordó que la propia Carta Magna contempla una posible suspensión de derechos para quienes incumplan sus obligaciones ciudadanas sin causa justificada.

“La propia Constitución en el artículo 38 nos va a decir que podría haber una suspensión de derechos cuando el ciudadano no cumpla, sin causa justificada, con alguna de las obligaciones que impone el artículo 36”, comentó. “Pero no hay una ley reglamentaria que nos determine cómo se haría esa suspensión de derechos”.

El especialista señaló que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en México no existen multas, bloqueos de trámites o restricciones administrativas por abstenerse de votar. Mencionó el caso de Uruguay, donde sí existen consecuencias para quienes no participan en las elecciones.

“En Uruguay, el no votar tiene ciertas consecuencias: restringe, por ejemplo, ciertos servicios”, explicó. Añadió que el sistema mexicano ha privilegiado una lógica de voto entendido principalmente como libertad individual.

“El voto es primordialmente un derecho y un derecho de libertad antes que un deber”, dijo.

PARTICIPACIÓN BAJA EN ELECCIONES LOCALES

La discusión ocurre además en un contexto donde las elecciones locales suelen registrar menor participación ciudadana que otros procesos electorales.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional Electoral (INE), la elección local de diputaciones en Coahuila de 2020 registró una participación ciudadana de 39.44 por ciento de la lista nominal. En contraste, la elección presidencial de 2024 superó el 60 por ciento de participación ciudadana a nivel nacional, según cifras oficiales.

Para Sánchez Valdés, el abstencionismo provoca que menos voces participen en la integración de órganos que tomarán decisiones públicas durante los siguientes años.

“Cuando más gente vota, más opiniones son tomadas en cuenta”, expresó.

Pérez Rolón coincidió en que, aunque jurídicamente una elección sigue siendo válida aun con baja participación, sí existe un impacto político y de legitimidad social.

“Un diputado electo con el 30 por ciento de participación ciudadana posee una legalidad formal, pero padece una debilidad en su legitimidad representativa”, señaló.

CULTURA CÍVICA PENDIENTE

Ambos especialistas coincidieron en que existe poco conocimiento ciudadano sobre el hecho de que votar es una obligación constitucional.

“En gran medida lo desconocen, precisamente, porque no hay una consecuencia”, afirmó Sánchez Valdés.

Pérez Rolón consideró que también influye la narrativa institucional y política. Explicó que las campañas suelen enfocarse en el derecho a elegir, pero pocas veces presentan el sufragio como una obligación ciudadana.

“Las campañas políticas de los partidos, incluso de los órganos electorales, hablan siempre de la fiesta de la democracia y del derecho a elegir”, comentó.

“Pero se hace poco visible desde la narrativa estatal y desde la narrativa de los partidos que además es una obligación”.

Finalmente, ambos especialistas llamaron a participar en la jornada electoral de este domingo, pues el sufragio sigue siendo una de las principales herramientas de control ciudadano sobre el poder político.