Personas vÍctimas de un fraude inmobiliario por 57 millones de pesos interpusieron una queja por presuntos actos de corrupción de la Jueza del Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, Raquel Ivette Duarte Cedillo, con sede en Matamoros.

“Nuestra expectativa es la de poner orden en el proceso judicial para que nuestra queja llegue al Tribunal de Disciplina Federal y que esta Jueza sea amonestada o suspendida”, sentenció Gabriel Garza Fernández, representante de la afectada por el empresario Pedro Babb y su socio José Mireles.

“Si nuestra contraparte promueve un amparo, que lo haga conforme a la jurisdicción, en todo caso en Nuevo León y con un juzgador que se citó a lo que marca la Ley”.

Ayer Grupo REFORMA publicó que Pedro Babb, desarrollador, está acusado penalmente por un fraude de 57 millones de pesos tras cinco años de incumplirle a una inversionista y amiga de la infancia, a quién engañó con promesas de desarrollos que nunca se llevaron a cabo.

Pero cuando el Juez de Control en Nuevo León giró orden de aprehensión contra Babb y Mireles, ambos tenían un amparo de una Jueza con jurisdicción en Tamaulipas.

“La obligación del propio Juez de Distrito es brindar seguridad jurídica a las partes y no nada más a quien promueva un amparo, pero mi representada quedó en una situación de incertidumbre jurídica”.

El abogado dijo que promovió la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial Federal del Consejo de la Judicatura a raíz del actuar de la Jueza con el Folio BZM-00133 44/26.

“Tomando en cuenta lo que sucedió y revisando el antecedente de esa Jueza, descubramos que está en un montón de procesos anómalos y relevantes y otorgando resoluciones fuera de la realidad con tendencia a que los presuntos delincuentes salgan en libertad, como cuando absolvió al secuestrador conocido como Mochaorejas y lo dejó libre y narcotraficantes como Rafael Caro Quintero”.

Señaló que la expectativa es que, una vez que el Tribunal de Disciplina Judicial responda a su queja, devuelva al Juez de Control de Nuevo León la jurisdicción del caso en el que giró la orden de aprehensión contra ambos acusados de fraude.