La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó intervenir para convencer a las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México de respaldar su propuesta de reforma electoral, pese a que en el Congreso se reconoce que actualmente no se cuenta con los votos suficientes para aprobarla.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal fue cuestionada sobre la posibilidad de realizar un último llamado a estos partidos aliados para reconsiderar su postura y apoyar la iniciativa enviada por el Ejecutivo.

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Ante ello, Sheinbaum sostuvo que la decisión corresponde exclusivamente a los legisladores.

“Que cada quien decida. Yo cumplo con enviar la propuesta y con responder a lo que la gente está planteando”, afirmó.

La presidenta señaló que, desde su perspectiva, existe un amplio respaldo ciudadano a los principales puntos de la reforma, especialmente en lo relacionado con el sistema de representación proporcional y el financiamiento público de los partidos.

De acuerdo con la mandataria, encuestas recientes indican que más del 80% de la población respalda la idea de que los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que existe un nivel de aprobación similar respecto a la reducción de los recursos públicos destinados tanto a los partidos políticos como a los procesos electorales.

En ese contexto, Sheinbaum subrayó que su responsabilidad como titular del Ejecutivo fue presentar la iniciativa, mientras que la decisión final corresponde al Poder Legislativo.

“Yo ya cumplí con enviar la propuesta. Ahora depende de los diputados cómo van a ejercer su voto”, puntualizó.

Un día antes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la iniciativa enfrenta dificultades para avanzar debido a la falta de respaldo del PT y del PVEM, partidos que forman parte de la coalición oficialista.

La reforma electoral impulsada por el gobierno busca modificar aspectos del sistema de representación legislativa y reducir el financiamiento público a los partidos, entre otros cambios al sistema político-electoral.