TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar procesos de detención apegados a la legalidad y fortalecer el combate a la reincidencia, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció una reestructuración operativa que integra de manera más estrecha al Poder Judicial con las corporaciones de seguridad municipales y estatales.

Tras encabezar la segunda reunión semanal de seguridad, el edil informó que, a partir de este sábado, se incorporó a la mesa de trabajo la magistrada Yezca Garza Ramírez. La medida busca blindar el debido proceso y asegurar que cada detención realizada por la Policía Municipal cuente con el sustento legal necesario para su correcta consignación.

Detalló que instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento, la Fiscalía y la Dirección de Seguridad Pública a unificar criterios en los centros de detención. Con la presencia activa del Ministerio Público, se pretende dar seguimiento a los casos, identificar objetivos prioritarios y reducir los índices de reincidencia delictiva en la ciudad.

Durante la sesión se analizó el comportamiento delictivo correspondiente a la semana 28. El alcalde destacó que el uso de mapas de calor y la evaluación constante de la incidencia permiten una respuesta más ágil y una planeación estratégica diferenciada. “Buscamos un trabajo más ordenado y diferenciado en las áreas donde se requiere”, señaló.

En el marco de los operativos preventivos, informó que también se afinan las estrategias de seguridad que se desplegarán con motivo del último partido del Mundial, así como para otros eventos masivos programados en la ciudad.

Asimismo, anunció que en los próximos días se lanzará la licitación para adquirir 40 nuevas patrullas. Este equipamiento, junto con la entrega de uniformes y armamento, busca fortalecer la capacidad de respuesta de los elementos de Seguridad Pública.

En la reunión participaron Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento; Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública; el general brigadier D.E.M. Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de La Laguna, además de representantes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado, corporaciones policiales, organismos ciudadanos y de Derechos Humanos.