CDMX.- El hecho de que la deuda pública prácticamente financie el gasto corriente del gobierno, el bajo nivel de inversiones y el limitado espacio de maniobra presupuestaria, impiden al país alcanzar mayores ritmos de crecimiento, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Esto fue manifestado por el presidente de dicho organismo, Juan José Sierra Álvarez, después de que el gobierno federal presentar el Paquete Económico 2027.

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Explicó que el cumplimiento de las metas fiscales dependerá de que se alcance un mayor crecimiento, pero también se necesita tener menores presiones inflacionarias y financieras, y de tener una recaudación tributaria que aumente 5.9% real hasta alcanzar un máximo histórico de 15.9% del PIB.

No obstante, si lo anterior no se cumple, el erario tendrá “menores ingresos, un mayor costo financiero o recortes durante el ejercicio. Esto podría elevar el déficit y la deuda, o reducir aún más el margen para seguridad, salud, educación e infraestructura”.

El líder del sindicato patronal dijo que “aunque no hay impuestos nuevos, los límites fiscales pueden generar ISR aun sin utilidad financiera, elevando la carga para las empresas”, sobre todo de las más endeudadas.

“Aunque el déficit baja de 4.1% a 3.9% del PIB, supera el 2.9% del PIB que se destina a inversión pública: en los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva. A esto se suma que el saldo total de la deuda pública alcanza 55% del PIB, el porcentaje más alto desde 1990”, expuso.

Comentó que “ante este escenario, es indispensable que el presupuesto priorice el saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones necesarias para impulsar un mayor crecimiento económico”.

Pidió un “combate frontal y efectivo contra quienes emiten facturas falsas y contra quienes las adquieren, sin distinción entre el sector público y el privado”.

Como lo hizo en los últimos días planteó “crear un Consejo Fiscal Independiente, con autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de ingresos y gasto, los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública”.

Dijo que ello no sustituiría las facultades de la Secretaría de Hacienda ni del Congreso, sino que aportará una valoración imparcial de las proyecciones oficiales, permitiría anticipar desviaciones a tiempo y fortalecería la credibilidad de la política fiscal.