La noticia pasó un tanto desapercibida en medio de la avalancha política del país. El viernes 11 de septiembre, autoridades federales llegaron a Tlaola, en la parte más recóndita de la Sierra Norte de Puebla. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina encontraron mil 032 equipos de criptominería, además de 95 switches, cinco transformadores, antenas y una escopeta. Días antes, el 3 y el 6 de septiembre, las autoridades locales habían hecho una revisión, pero extrañamente de manera preliminar sólo reportaron 300 equipos.

Minar criptomonedas no es ilegal, como el nombre pareciera. Es usar computadoras muy potentes para realizar cálculos que ayudan a validar transacciones. A cambio de ese trabajo, la red puede recompensar al minero con criptomonedas nuevas. Una analogía sería imaginar que hay mil máquinas comprando boletos de lotería miles de millones de veces por segundo. Cuanta más capacidad de cómputo tienes, más oportunidades hay de obtener la recompensa. Pero cada intento consume una cantidad brutal de electricidad y, al robarla, como sucedía en este caso, sí hay un delito y un daño económico para el Estado.

Aunque las autoridades no han hablado de montos oficiales, fuentes de la FGR estiman que ese rústico, pero ruidoso y caluroso centro de operación, perdido en lo verde de las montañas, podría haber generado ganancias de 4.5 millones de pesos al mes. Nada mal.

¿Pero quién tiene la capacidad, conocimiento técnico y operativo para echar a andar un negocio así y por qué ahí? Alrededor de Tlaola y Juan Galindo, las autoridades han encontrado desde 2025 otras tres granjas de criptominería, aunque de menores dimensiones. Ambos municipios son vecinos de la presa hidroeléctrica Nueva Necaxa.

Uno de los hallazgos llamó más la atención. El 31 de enero de 2025, las autoridades encontraron un centro de operaciones ni más ni menos que dentro de las propias instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en Juan Galindo. Tanto ahí como en Huauchinango, buena parte de la población no paga por los servicios eléctricos desde la desaparición de Luz y Fuerza del Centro en 2009. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) estima que hay alrededor de 30 mil cuentas sin cobrar ante la resistencia civil de la población.

En las líneas de investigación de la FGR aparecen tres perfiles. Por supuesto, el de Martín Esparza, líder del Sindicato de Electricistas, pero también Miguel Márquez Ríos, diputado local con Morena y que aspira a convertirse en alcalde de Huachinango, y Román Olvera García, dirigente de la división Necaxa. Tres nombres que, como mínimo, tendrían que ser llamados a comparecer.

STENT

¿Ni modo que las criptos estén sirviendo para pagar parte de las campañas, o sí? ¿El virrey Armenta no sabe quién está detrás del negocito, como tampoco sabía de su alcalde de Esperanza que robaba al transporte de carga, secuestraba y extorsionaba?

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@ClaudioOchoaH

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