Desde que la inseguridad, debido a su grave deterioro, se volvió tema relevante del ejercicio público, gobiernos de tres diferentes partidos han incurrido en los mismos errores. El más importante: la falsa creencia de que la respuesta son acciones policiacas y no de justicia. Esta última es clave porque significa atacar el problema en sus fundamentos, no en sus efectos. Además, se han invertido grandes recursos para construir una fuerza policiaca nacional y así enfrentar el asedio del crimen organizado y la violencia que le acompaña. A 20 años de distancia, los criminales han tenido mayor capacidad para federalizarse que los gobiernos en cuestión.

Por mucho, lo más desastroso ha ocurrido en los últimos ocho años. La idea de contemporizar políticamente con el crimen ha dejado a la sociedad en estado de indefensión; además, los resultados en forma alguna avalan la tesis de los “abrazos, no balazos”, al contrario. La mayor complicación para la justicia fue la destrucción de la precaria independencia de la Fiscalía y la autonomía del Poder Judicial federal, que dificulta la solución de fondo y lleva al gobierno a la complicidad por la incapacidad para someter a proceso penal a los altos funcionarios del régimen en connivencia con el crimen. Situación que presenta una vulnerabilidad mayor ante la embestida judicial de Estados Unidos y que profundiza la desconfianza en las instituciones.

La impunidad resulta de la inseguridad y la violencia. Es una poderosa e indiscutible conclusión que se deriva de los aislados y excepcionales casos de éxito en cuanto a seguridad. Coahuila y Yucatán son el reverso de la medalla; dos historias diferentes, pero con analogías reveladoras. En el primer caso, se logró recuperar la paz social que había caracterizado a la entidad, interrumpida por el embate de Los Zetas y el enfrentamiento con otros cárteles entre 2005 y 2013. En cuanto a Yucatán, ha podido preservar un excepcional sistema de seguridad pública con ejemplar participación social.

Mientras el país registra muy elevadas tasas de impunidad respecto a delitos de alto impacto, como los homicidios, en los dos estados prácticamente todos son esclarecidos y sancionados los responsables. Las policías son confiables y, por lo mismo, respetadas; a las fiscalías se les ha modernizado y la de Coahuila es modelo nacional de investigación criminal; el sistema de justicia penal y penitenciario opera razonablemente bien y existe una coordinación óptima con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Siempre se ha reconocido y muy poco se ha hecho: se requiere invertir, transformar y modernizar a las policías locales y municipales. Para eso son necesarias autoridades comprometidas en tal empeño, no como ha sido frecuente: complicidad con los grupos criminales. La evidencia de la situación es abrumadora y aumentan los casos de alcaldes incriminados por connivencia con el crimen, que no sólo influye, sino que cogobierna y se ha hecho del gobierno.

Es mejor reconocer la realidad, por adversa que sea, porque el diagnóstico es el principio de la solución. Ocurre justo lo contrario cuando, en un día en el que se reporta, providencialmente, una baja sustantiva en los homicidios, la mandataria lo refiere como un logro consolidado, el nivel más bajo en “muchísimos años”. Y es la misma semana en la que asesinan a un destacado periodista en Oaxaca, a un relevante empresario en Michoacán, a un alcalde en su oficina en Morelos y se da una masacre de 10 personas en Zacatecas, incluyendo a un exalcalde y varios empresarios, cuyos cadáveres son exhibidos en un puente vehicular.

Esas mismas palabras triunfalistas se ofrecen cuando el Inegi da a conocer su encuesta sobre percepción de la inseguridad en zonas urbanas del país, cuyos resultados confirman que alrededor de dos terceras partes de la población se advierte insegura. Cifras que condenan la complacencia y el triunfalismo. Menudo problema, porque lo mejor que puede ofrecer el Gobierno Federal son operativos de seguridad que han probado tener alcances limitados y decenas de miles de detenidos enviados a un sistema carcelario en ruinas que, además, es escuela de criminalidad.

La presidenta Sheinbaum precisa observar los números de Villahermosa, Tabasco, que atestiguan un acelerado deterioro de la seguridad. Las cifras se ofrecen en un momento en que las autoridades del estado, incluyendo al secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, recriminan a los medios el desprestigio de la entidad por la cobertura informativa de los hechos de inseguridad; mejor tapar el sol con un dedo, y quien no se avenga que adquiera la categoría de traidor a la patria.