El 29 de julio, la Fiscalía General de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales, expresidente boliviano. El exmandatario pidió asilo político en México, tras su renuncia en el 2019, y posteriormente se retiró a Argentina.

La Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras.

Sin embargo, la agencia de noticias EFE confirmó que también se le han imputado los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

La denuncia fue presentada por los líderes cívicos de Santa Cruz, una de las regiones más pobladas de Bolivia. Otro de los denunciantes es el ministro de Interior, Marco Antonio Oviedo. Una de las principales denuncias en contra de Evo Morales es su presunta participación en las protestas de mayo y junio, donde se exigió la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz Pereira.

Dichos actos, junto con otros actos ilícitos, han sido calificados como ‘terrorismo’ por parte de las autoridades bolivianas. Medios han desarrollado que las protestas, las cuales se establecieron como bloqueos, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias zonas. Se estimó un aproximado de 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías. Las protestas resultaron en pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.