Por regla general, cuando se analiza algún aspecto complejo de la realidad, sobre todo la relacionada con las actividades humanas, las cosas no son tan sencillas como parecen a primera vista. Y aunque nadie debería sorprenderse por ello, lo más común es que los detalles finos se pasen por alto... hasta que es imposible seguir soslayándolos.

Por regla general también, los aspectos técnicos de un proyecto relevante son información que solamente los iniciados comprenden o pueden dimensionar de forma clara. Por eso, no suelen tener importancia cuando se da a conocer que un gobierno está proyectando desarrollar una actividad compleja, como lo es la extracción de recursos naturales del subsuelo.

Pero cuando dichos proyectos han sido politizados o, peor aún, cuando alguna de sus características ha sido utilizada como bandera electoral, los aspectos técnicos cobran una dimensión distinta. Y esto es particularmente cierto cuando un grupo político “cambia de opinión”.

Porque entonces resulta obligado explicar el viraje y exponer a detalle las razones por las cuales se registró la mudanza de posiciones, pues, de lo contrario, el asunto puede tener un costo político para dicha fuerza.

Es el caso de la discusión que en México se ha dado alrededor del uso de la técnica del fracking, o fractura hidráulica, en los últimos ocho años, es decir, durante el periodo en que ha gobernado el partido Morena.

Durante todo el sexenio pasado, el discurso fue claro e inequívoco: en México no se daría autorización para el uso del fracking. Imposible considerar cualquier proyecto –público, privado o mixto– para la extracción de gas que recurriera a dicha metodología.

En el actual sexenio se ha asumido una postura distinta, aunque no necesariamente opuesta: si existe una metodología que reduzca el impacto ambiental por el uso del fracking, se dará luz verde a proyectos de este tipo y la primera entidad en la cual se ejecutarían sería Coahuila.

Sin embargo, tal como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, el beneplácito gubernamental para el uso de esta técnica es insuficiente para que lleguen a México los socios que necesariamente requerimos para el desarrollo de los proyectos, porque Pemex no cuenta con la tecnología para llevarlos a cabo.

El problema radica en que, derivado de la oposición registrada en el sexenio pasado, se realizaron modificaciones legislativas que implicaron retirar del esquema fiscal de la paraestatal ciertos incentivos sin los cuales no resultaría rentable intentar ahora la explotación de los yacimientos que existen en territorio nacional.

Así pues, no se trata solamente de modificar la postura oficial respecto de dicha técnica, sino de desmontar el entramado jurídico que se creó para “blindar” al Estado en contra de “tentaciones” en esa dirección... lo cual implica explicar mejor las razones del viraje.