Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, ha sido señalado durante más de una década por autoridades de Estados Unidos y México por su presunta participación en actividades relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pese a acumular sanciones financieras, una acusación federal y diversos señalamientos en investigaciones criminales, hasta el momento no ha sido detenido.

El pasado 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo identificó como uno de los siete integrantes de la nueva estructura de liderazgo del CJNG, dentro de la mayor ofensiva financiera emprendida hasta ahora contra esa organización criminal.

Como parte de estas acciones, la OFAC anunció sanciones contra más de 50 personas y entidades presuntamente vinculadas con el grupo delictivo.

OFAC UBICA A “EL TARJETAS” EN LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CJNG

El organigrama difundido por la OFAC coloca a Montero Pinzón en el tercer nivel de mando de la organización.

En la parte superior de la estructura aparece Juan Carlos González Valencia, alias “Pelón”, señalado como nuevo líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026.

Debajo figuran Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Audias Flores Silva, “El Jardinero”, este último detenido por autoridades mexicanas en abril de 2026.

En un tercer nivel aparecen Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”; y Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”.

ACUMULÓ SANCIONES Y UNA ACUSACIÓN FEDERAL EN ESTADOS UNIDOS

No es la primera ocasión en que el gobierno estadounidense señala a Montero Pinzón.

Fue sancionado por primera vez en junio de 2022 y nuevamente designado en agosto de 2025. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, fue acusado formalmente ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

De acuerdo con la acusación federal, entre 2019 y 2024 el esquema presuntamente operado por Montero Pinzón provocó aproximadamente seis mil víctimas en Estados Unidos y pérdidas cercanas a los 350 millones de dólares, según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

SEÑALAMIENTOS POR EL ATENTADO CONTRA OMAR GARCÍA HARFUCH

Antes de las investigaciones financieras en Estados Unidos, autoridades mexicanas ya habían relacionado a Montero Pinzón con el atentado ocurrido el 26 de junio de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Ese día, un comando armado atacó el vehículo del funcionario sobre Paseo de la Reforma, en la capital del país. Como consecuencia del ataque murieron dos escoltas y una mujer que transitaba por la zona, mientras que García Harfuch resultó lesionado por impactos de arma de fuego y fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas.

Según reportes citados por Milenio, uno de los detenidos, identificado como José Armando “N”, alias “El Vaca”, declaró que había sido enviado por Montero Pinzón, lo que derivó en que las autoridades capitalinas lo identificaran como presunto autor intelectual del atentado y operador de confianza de “El Mencho” en Puerto Vallarta.

Las investigaciones también lo vincularon con la célula conocida como Los Deltas, un grupo armado del CJNG que, de acuerdo con las autoridades, realizaba operaciones específicas para la organización.

Asimismo, Montero Pinzón fue señalado como presunto autor intelectual del ataque registrado en julio de 2019 en Plaza Artz Pedregal, donde fueron asesinados dos ciudadanos extranjeros.

INVESTIGACIÓN POR UNA RED DE FRAUDE MEDIANTE CALL CENTERS

La acusación presentada en la corte federal de Brooklyn también atribuye a Montero Pinzón la creación y administración de una red de fraude relacionada con la venta de tiempos compartidos.

Según la investigación, desde aproximadamente 2012 el CJNG habría operado diversos call centers en México desde los cuales contactaban principalmente a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos.

El esquema consistía en ofrecer la compra o renta de estas propiedades, solicitando previamente pagos por concepto de impuestos, comisiones u otros gastos administrativos. Posteriormente, las víctimas descubrían que las operaciones eran inexistentes.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, en una segunda etapa, los mismos operadores se comunicaban nuevamente con las víctimas haciéndose pasar por abogados o funcionarios públicos para ofrecer la recuperación del dinero, solicitando nuevos depósitos.

De acuerdo con la acusación, Montero Pinzón habría participado en la administración de la infraestructura financiera utilizada para recibir y lavar los recursos obtenidos mediante este esquema.

La investigación también incluye a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de Montero Pinzón, quien presuntamente trabajaba en la oficina central encargada de supervisar las operaciones de los call centers y el manejo de los recursos obtenidos. Ambos enfrentan cargos ante la justicia federal estadounidense.