Por Vittorio Quaglione, Project Syndicate.

MILÁN- Los enormes flujos de capital hacia la construcción de centros de datos, parte de una inversión frenética en infraestructuras de inteligencia artificial, generaron en Estados Unidos una fuerte oposición de residentes locales que llevó a que en los últimos tres años se cancelaran proyectos de centros de datos por un valor de al menos 85 mil millones de dólares. En julio, Nueva York se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en ponerle una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos, mientras otros estados y el gobierno federal analizan propuestas similares. Pero aunque la inquietud por los costos económicos y ambientales es razonable, no es toda la historia. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quedará rezagado Estados Unidos por no construir más centros de datos?

Como señaló hace poco Josh Zoffer, exintegrante del Consejo Económico Nacional durante la presidencia de Joe Biden y ahora inversor en la industria de la IA, los centros de datos son una “prueba crucial de la determinación industrial de los Estados Unidos”. Ponen de relieve una verdad incómoda: el desarrollo de capacidad estratégica para el futuro suele requerir sacrificios en el presente. Ya ha ocurrido que por no reconocer esta realidad las autoridades estadounidenses arruinaran iniciativas similares en el pasado. Se destacan aquí dos casos.

En los años setenta, una crisis mundial del petróleo obligó a los Estados Unidos a reconocer que su dependencia energética era una fuente de vulnerabilidad estratégica. En un discurso pronunciado en 1977, el presidente Jimmy Carter advirtió a los estadounidenses de que para crear una base energética local segura y diversificada, la economía estadounidense iba a tener que atravesar un período de “costos más altos” y “mayores inconvenientes”. Pero la disposición de Carter a afrontar la realidad en vez de edulcorarla no obtuvo el efecto deseado.

Como sostiene el economista Jeffrey Currie, los sucesores de Carter interpretaron la lección de otro modo. En vez de admitir la escasez, respondieron a los shocks de suministro presionando para bajar los precios y consumiendo reservas estratégicas. Pero no lograron seguridad energética real; ganaron tiempo, pero retrasaron inversiones necesarias.

Las tensiones actuales en torno al estrecho de Ormuz son un recordatorio de la necesidad de llevar adelante la transición energética que pedía Carter. Aunque las vastas reservas de gas de esquisto a las que se ha tenido acceso desde entonces redujeron la dependencia energética de los Estados Unidos respecto de los tiempos de Carter, el país sigue expuesto a perturbaciones en los mercados petroleros (de lo que sirven de prueba los aumentos de precio de la gasolina).

Por el contrario, China comenzó hace décadas un proceso de electrificación al que Currie denomina “compra de opcionalidad”. La flexibilidad resultante (un electrón, escribe Currie, “puede obtenerse del carbón, del gas, del sol, del viento o del uranio”) ayudó a China a protegerse de la crisis energética en curso.

Estados Unidos también desaprovechó una oportunidad para no depender de China en relación con las tierras raras. En la segunda mitad del siglo XX, la mina californiana de Mountain Pass fue un componente clave de la capacidad para producir y procesar tierras raras dentro de los Estados Unidos, que le permitía asegurarse una cadena de suministro estable y autosuficiente. Pero al llegar el bienio 1999‑2000, las operaciones habían quedado muy reducidas como consecuencia de inquietudes ambientales, cambios regulatorios y la competencia de productores chinos más baratos, de los que según el Servicio Geológico de Estados Unidos, dependía más del 90 % de las necesidades de tierras raras de la industria estadounidense.

Ambos ejemplos destacan un defecto importante de la toma de decisiones en los Estados Unidos. Los mercados son eficientes para valorar los costos de hacer algo, pero muy ineficientes para valorar los costos de no hacerlo. Por eso fallan cuando los resultados incluyen un componente social, por ejemplo en el caso de la inversión general en el suministro seguro de energía y tierras raras.

Para ayudar a las economías a orientar, coordinar y financiar con éxito inversiones de alcance intersectorial, Mariana Mazzucato y Dani Rodrik defienden las asociaciones público‑privadas en un artículo titulado “Industrial policy with conditionalities: a taxonomy and sample cases” (Política industrial con condiciones: taxonomía y ejemplos). Aclaran que poner condiciones es un determinante del éxito: el gobierno debe crear incentivos que orienten las decisiones de las empresas privadas hacia resultados que de otro modo quedarían desatendidos.

El acuerdo público‑privado puede diseñarse de modo tal que el gobierno suministre a las empresas privadas uno o más beneficios (préstamos, exenciones impositivas, agilización del otorgamiento de permisos) supeditados a dos tipos de condiciones: direccionalidad y relación riesgo‑recompensa. La “direccionalidad” implica exigir que en respuesta a las preocupaciones locales, las grandes empresas de IA internalicen los costos ambientales y sociales (por ejemplo, mediante el intercambio de datos técnicos, la asunción de compromisos en materia de gestión del agua y la participación conjunta en inversiones para la ampliación de las redes eléctricas). La relación riesgo‑recompensa implica que cuando el sector público asume parte del riesgo, también debe compartir parte de los beneficios. Algunos modos de hacerlo incluyen el reparto de beneficios excedentes, instrumentos de tipo accionario o el acceso a potencia de cómputo.

En comparación con el pasado reciente, los gobiernos están mejor posicionados para apreciar la importancia estratégica de los centros de datos. El régimen económico mundial ya no es el mismo, y esto pone de manifiesto el valor de estas infraestructuras. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se centró en la reconstrucción conjunta. La integración era el objetivo y la globalización era el medio. Hoy la geoeconomía domina un panorama más fragmentado. El poder ahora está en la capacidad de controlar nodos estratégicos.

Es decir que los gobiernos ya están más dispuestos a considerar las inversiones estratégicas con una mirada multisectorial. Desde este punto de vista, la relevancia estratégica de los centros de datos es menos incierta de lo que en su momento parecieron la diversificación energética o el procesamiento de tierras raras. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, describió la IA como un pastel con cinco capas: los centros de datos están en la capa de infraestructura, y esto pone de relieve su importancia para el conjunto de la economía.

Por supuesto, el problema de canalizar la inversión hacia sectores estratégicos no es exclusivo de Estados Unidos. En su informe de 2024 sobre la competitividad europea, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reconoció la innovación de vanguardia, la capacidad industrial de defensa y las redes transfronterizas como bienes públicos “cuya oferta será insuficiente sin una acción conjunta”.

La construcción de centros de datos tiene que ser un tema de consenso bipartidario. El éxito de las alianzas público‑privadas dependerá de cómo se diseñen. Imponer demasiadas condiciones puede asfixiar la innovación; imponer muy pocas implica dejar a los actores privados llevarse la mejor parte. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Vittorio Quaglione, profesor asistente en la Universidad Bocconi, es fundador y editor de MOPS, un boletín sobre macrofinanzas, tecnología y políticas.