El Comité, expuso, llegó a esa conclusión, tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las aportaciones de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, junto con los antecedentes recopilados desde 2012, momento en que se inició el procedimiento.
En abril de este año decidió aplicar por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, explicó Albán, para someter la situación a examen de la Asamblea General con carácter de urgencia.
“Esta decisión no constituye una determinación de la responsabilidad internacional del Estado mexicano; asimismo, el Comité no halló indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas. Ya sea mediante una acción deliberada o por omisión”, destacó.
“Reconocemos los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas, sin dejar de señalar la persistencia de graves problemas estructurales que requieren atención”.
El artículo 34, añadió el presidente del CED, constituye un mecanismo preventivo excepcional que permite dar la voz de alarma y está diseñado para movilizar la atención y la cooperación internacionales ante situaciones de especial gravedad.
“Al aplicarlo, el Comité ejerció las competencias o facultades que los propios Estados le han conferido a través de la Convención”, sostuvo.
Ahora, mencionó, corresponde a la Asamblea examinar las oportunidades de cooperación, movilización y apoyo internacionales que este procedimiento puede ofrecer para ayudar a México.
“México podría considerar esto beneficioso en ámbitos como la búsqueda, la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la investigación forense y la protección de las víctimas y sus familias”, aseguró.
“El Comité ya ha formulado propuestas concretas para orientar dicha cooperación internacional; por nuestra parte, reafirmamos, como hago ahora mismo, nuestro compromiso de seguir colaborando con México, tanto a través de los procedimientos habituales como mediante el mantenimiento de un diálogo constructivo con las autoridades mexicanas y la sociedad civil”.
NO SE TOLERAN DESAPARICIONES: MÉXICO
Ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno de México aseguró que “el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad”.
Al señalar que en el pasado la desaparición forzada “se ordenaba desde las altas esferas del poder político”, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que estos delitos “son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, lamentablemente, sobre todo por autoridades del ámbito municipal”.
El subsecretario Medina reiteró que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional y aseguró que la búsqueda de personas no se detiene.
“Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras”, expresó al referir que en todos los casos se debe investigar y sancionar el delito.
En su intervención, expuso que México cuenta con una coordinación “sin precedentes” entre autoridades federales y estatales para localizar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y combatir la impunidad.
“Hemos fortalecido la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana. Contamos con un puesto de mando permanente que opera las 24 horas, los siete días de la semana. Lo denominamos Alerta Nacional de Búsqueda”, mencionó.
En la ONU, Medina ha encabezado distintas reuniones con delegaciones de otros países con las que ha intercambiado, entre otros temas, la importancia del sistema internacional de los derechos humanos y que los procedimientos especiales cooperen de forma transparente con los Estados.
En la ONU, Medina ha encabezado distintas reuniones con delegaciones de otros países con las que ha intercambiado, entre otros temas, la importancia del sistema internacional de los derechos humanos y que los procedimientos especiales cooperen de forma transparente con los Estados.