Ante un escenario donde miles de trabajadores en Coahuila son trasladados diariamente en condiciones inseguras, expuestos en cajas de camionetas y vehículos de carga sin medidas de protección, la diputada Zulmma Guerrero, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), presentó este martes en el Congreso local una iniciativa para prohibir este tipo de prácticas y establecer sanciones para quienes las permitan.

La propuesta plantea reformas a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado para incorporar el principio de seguridad en la movilidad laboral y establecer que el transporte especializado de personal únicamente pueda realizarse en unidades autorizadas y acondicionadas para el traslado seguro de personas.

En la exposición de motivos, la legisladora advirtió que en municipios como Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova y Piedras Negras es frecuente observar cuadrillas de trabajadores trasladándose en condiciones inseguras, expuestos a accidentes, caídas o lesiones graves durante los trayectos hacia centros de trabajo.

Explicó que muchas personas aceptan estos traslados por falta de alternativas, especialmente en actividades relacionadas con construcción, mantenimiento, industria y obra privada, donde el traslado suele quedar bajo responsabilidad de contratistas o empleadores.

La reforma propone modificar los artículos 4, 21 y 22 de la ley estatal para dejar establecido que los vehículos de carga no podrán utilizarse para transportar personas en cajas, redilas, bateas o plataformas, salvo en casos permitidos expresamente por la normativa y siempre garantizando condiciones de seguridad.

Además, contempla nuevas sanciones para operadores, concesionarios o permisionarios que permitan estas prácticas. Las multas por esta práctica irían de 21 a 100 UMAS, que actualmente tendrían un valor de 11 mil 731 pesos; mientras que para concesionarios podrían alcanzar hasta 200 UMAS, es decir, 23 mil 462 pesos, además del retiro de la unidad de circulación.

La propuesta también busca que las autoridades estatales coordinen acciones con municipios, empresas, contratistas y cámaras empresariales para ordenar el transporte laboral y prevenir accidentes.

El documento sostiene que el traslado seguro de trabajadores forma parte del derecho a la movilidad, a la integridad personal y al trabajo digno, por lo que advierte que las condiciones de riesgo durante los trayectos también representan una vulneración de derechos laborales y humanos.