Este caso legal inició por las irregularidades y fallas detectadas en un operativo de seguridad realizado en la comunidad de El Pinal, ubicada en la Sierra Tarahumara. Durante esa intervención, las autoridades informaron sobre el hallazgo de un lugar usado para fabricar drogas; sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron que en el operativo participaron de forma no permitida agentes extranjeros de la CIA.

AMBOS SERÁN JUZGADOS

La fiscalía acusará formalmente a los exfuncionarios por faltas a sus deberes públicos y por ponerse de acuerdo para actuar fuera de la ley. La norma castiga este tipo de actos cuando dos o más empleados del gobierno coordinan decisiones injustas, dejan de cumplir con sus obligaciones o actúan sin respetar las reglas oficiales.

Además, a otros involucrados se les investiga por haber entregado reportes con información falsa sobre lo que realmente sucedió en el lugar.

El asunto cobró gran importancia pública desde el pasado 27 de abril, día en que Jáuregui dejó su puesto como fiscal general tras admitir que existieron fallas graves en la vigilancia de su personal.

Al respecto, Loya Chávez señaló que la ley debe aplicarse a todos por igual, asegurando que dar un buen resultado en materia de seguridad no da permiso para saltarse las normas ni romper las leyes del país. La primera cita ante el juez servirá para revisar las pruebas y determinar los siguientes pasos en la situación legal del exservidor público.