CDMX.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado iniciaron la discusión y aprobaron el dictamen de una reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, principalmente de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al establecer un tope a jubilaciones de altos mandos en el sector público.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo federal, plantea que ningún servidor público pueda percibir una pensión superior a 50% de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo, con lo que se busca reducir montos considerados desproporcionados en empresas paraestatales, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades gubernamentales.

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Durante el debate, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, cuestionó la retroactividad con la que podría aplicarse la reforma a exfuncionarios que se pensionaron bajo un marco legal vigente y que, con la modificación constitucional, verían ajustado su ingreso.

La iniciativa contempla que el límite aplique a pensiones y jubilaciones futuras de altos mandos, pero también plantea ajustes para las otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor, con el argumento de ordenar el gasto y contener compromisos presupuestarios.

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En comisiones, legisladores de distintos grupos parlamentarios expresaron respaldo al objetivo de acotar jubilaciones millonarias, aunque algunos insistieron en precisar el alcance jurídico del dictamen para evitar controversias por su aplicación a derechos ya reconocidos.

En el ámbito institucional, se ha señalado que el dictamen busca operar a partir de la entrada en vigor de la reforma, sin afectar pagos ya realizados, al tiempo que establece excepciones para determinados regímenes laborales, como trabajadores de base y sindicalizados, además de rubros específicos del servicio público.

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La estimación incorporada al planteamiento es que, con el nuevo tope, los exfuncionarios sujetos a la medida no rebasen aproximadamente 70 mil pesos mensuales y que el Estado obtenga un ahorro anual superior a 5 mil millones de pesos, al reducir obligaciones de largo plazo.

El dictamen quedó encaminado para su discusión en el Pleno, en un contexto en el que la discusión sobre remuneraciones, pensiones y sostenibilidad financiera del Estado se ha convertido en uno de los ejes del debate legislativo.