En este espacio he mencionado la necesidad que tiene el Estado de conocer los detalles de los ciudadanos que lo conforman. Dicha información resulta indispensable cuando hablamos de salud o de seguridad, es imposible planear los servicios de salud si desconocemos la edad, el género y las costumbres de la población. Es francamente diferente un país de gente joven, respecto de otro con población envejecida y dieta elevada en sustancias tóxicas, como los alimentos ultraprocesados.

Hablando de seguridad, resulta también indispensable conocer los detalles como la dirección del hogar o la del trabajo de una persona; resulta mucho más fácil la exposición al riesgo en caso de vivir a muchos kilómetros de su centro de trabajo en comparación con quienes viven frente al suyo y es imperativo conocer los detalles de su identidad porque si, por desgracia, algún día sufre un accidente perdiendo la vida, o desaparece voluntaria o involuntariamente, esos detalles serán fundamentales para comunicarse con sus seres queridos.

Dicho lo anterior y aceptando como cierto el argumento, resultan francamente incomprensibles los furibundos ataques al mecanismo propuesto por el gobierno en funciones, afirmando categóricamente que la información ahí vertida será utilizada para espiarlos. Es ridículo pensar que el gobierno empleará una cantidad ingente de recursos para espiar las conversaciones de 120 millones de personas, o de muchos millones que están en franco desacuerdo con el gobierno en funciones, claramente ese no es el objetivo de la estrategia propuesta. Necesariamente debemos pensar que se trata de poder brindarle seguridad a la mayor proporción de personas posible; de hecho, llevamos varias administraciones, de diversos partidos políticos, que han intentado tener un documento nacional de identidad e invariablemente el esfuerzo ha naufragado por la oposición de un grupo de personas que esgrimen los mismos argumentos.

Ahora, del lado del gobierno, escuché hace unos días a un legislador que, para defender la articulación de la CURP biométrica, afirmó que se esconde de su esposa en un lugar llamado “Endorra”, supongo alguna cantina de su localidad, pero prevenir que lo haga no es argumento válido para defender algo tan importante.

Los países europeos cuentan con bases de datos de sus ciudadanos, desde luego con datos biométricos que sirven para identificar a las personas, para viajar, e incluso para votar, así funciona el Documento Nacional de Identidad (DNI) en España, que, además, se tramita en la oficina de la policía nacional y es obligatorio a partir de los 14 años de edad, pudiéndose realizar desde antes. Ya me imagino el escándalo que estarían haciendo aquí los críticos si además se fuera a efectuar frente a la policía. Estarían gritando que de ahí se van a la cárcel.

De ninguna manera pretendo justificar en estas líneas los hechos aparentes de censura que hemos visto en diversos ámbitos, pero ése no es motivo para oponerse en automático al documento de identidad, más bien lo que deberíamos estar haciendo es señalar y pedirle al gobierno todas las garantías en cuanto al resguardo de la información para evitar que ésta se sustraiga.