El consumo de reportajes, series de televisión y películas en torno a la forma en que los avances tecnológicos y científicos, así como los bancos de datos facilitan que un caso de asesinato, secuestro, violación o robo se resuelvan incluso años después de ocurridos, en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, demuestran en la cotidianidad su utilidad no sólo de manera directa para los policías, sino en beneficio de una sociedad que busca protegerse del crimen.

La integración de esas bases de datos o bancos de información genética, sin embargo, no ha estado exenta de resistencias y polémicas sociales, como ocurrió en Brembate di Sopra, en la región de Lombardía, Italia, cuando la policía practicó 25 mil pruebas de ADN, con tomas de saliva, para encontrar al asesino de Yara Gambirasio, porque los ciudadanos consideraban riesgoso que los policías tuvieran esa información a su disposición; los hechos, sin embargo, demostraron que la apuesta valió la pena.

En México, desde la década de los 90 del siglo pasado comenzó a surgir la necesidad de contar con bases de datos con huellas dactilares, domicilios, teléfonos, número de seguridad social, historial laboral y, según el caso, antecedentes penales o judiciales; fue incluso uno de los motivadores de la creación de la CURP, como el principal registro de toda la población nacida en el país.

Con Ernesto Zedillo comenzaron los primeros pasos para lograr esas bases de datos, que debían ser alimentadas por los tres niveles de gobierno. Después, en el gobierno de Felipe Calderón se avanzó considerablemente en la Plataforma México, que enfrentó siempre la carencia de información de toda la población, por lo que se apostó por recolectarla a través de registros como el de telefonía móvil, que fue rechazada por la población.

Hace tres años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentó crear el registro de telefonía móvil y nuevamente el rechazo social fue constante; su reforma fue considerada inconstitucional, porque no garantizaba la recolección de datos personales sensibles ni su resguardo seguro.

Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum está a unos días de concretar ese anhelo de tener los datos biométricos de todos los mexicanos, incluidos los recién nacidos, así como sus direcciones, registros de población, número telefónico móvil y el monitoreo de su actividad en plataformas digitales, porque en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión se discuten leyes que lo permitirán.

La reforma para eficientar la búsqueda y localización de personas desaparecidas incluye la transformación de la CURP en un documento que contendrá todos los datos biométricos de cada habitante del país.

La nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ordena la creación de la Plataforma Nacional de Telefonía Móvil, para que cada usuario registre su línea con la CURP y sus datos personales, sin garantías de quién los recopilará ni cómo se guardarán.

En tanto, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé que las autoridades judiciales y ministeriales podrán requerir a los concesionarios entregar los datos de los usuarios, en caso de investigaciones sobre todos los delitos contenidos en el artículo 19 Constitucional y que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La nueva Ley de la Guardia Nacional faculta a esta institución, que es parte del Ejército mexicano, intervenir comunicaciones privadas en caso de investigaciones en torno a 21 delitos federales, y cuando tenga convenio con los gobiernos estatales y municipales, los del fuero común.

Así, después de décadas de resistencia, los mexicanos estarán vigilados por las autoridades, que tendrán siempre sus datos personales sensibles, ya sin una institución autónoma que los resguarde.

Como un Big Brother del Bienestar.